La denuncia se presentó después de la difusión de un video en el que se observa a un militar realizando presuntos tocamientos a una mujer privada de libertad. Organizaciones de derechos humanos también alertaron sobre posibles represalias y pidieron una investigación urgente.
El Ejército ecuatoriano presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue un presunto caso de abuso sexual que habría involucrado a personal militar encargado de la seguridad y control del Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas 2, en Guayaquil.
La institución informó el 21 de septiembre de 2026 que está recabando y verificando información sobre el caso y que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
El video que activó la denuncia
El caso se conoció después de que organizaciones de derechos humanos recibieran y difundieran un video en el que se observa a un militar realizando tocamientos por debajo de la camiseta de una mujer privada de libertad.
Las circunstancias en las que se produjo el hecho, así como la identidad de las personas involucradas y las eventuales responsabilidades, deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente. El Ejército no informó públicamente cuándo ocurrió el hecho ni cuántos militares estarían involucrados.
La denuncia fue presentada luego de que colectivos defensores de derechos humanos solicitaran a la Defensoría del Pueblo investigar de manera urgente las alertas surgidas en torno a la cárcel femenina.
Organizaciones denuncian otros posibles casos
De acuerdo con información difundida por EFE, siete organizaciones de derechos humanos señalaron que durante las últimas semanas recibieron alertas de familiares y de mujeres que estuvieron privadas de libertad sobre presuntos actos de acoso, violencia y abuso sexual que habrían ocurrido durante tareas de seguridad, control y requisa.
Entre las organizaciones mencionadas están la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y Surkuna. Los colectivos solicitaron que se investiguen estos señalamientos y que se revisen los protocolos bajo los cuales interviene el personal militar en el centro penitenciario.
También alertan sobre un supuesto uso de gas lacrimógeno
Las organizaciones denunciaron además que, un día después de la difusión del video, militares habrían ingresado nuevamente al centro penitenciario y utilizado gas lacrimógeno contra las internas, presuntamente como represalia por la difusión del material.
Este señalamiento no ha sido confirmado de manera independiente. El Ejército, en su pronunciamiento, confirmó la denuncia por el presunto abuso y que está verificando información, pero no confirmó el supuesto uso de gas lacrimógeno.
Los colectivos consideran que, de confirmarse, este hecho podría representar una situación adicional de intimidación o represalia contra las mujeres que denuncien posibles abusos.
Piden una visita no anunciada a la cárcel
Las organizaciones solicitaron a la Defensoría del Pueblo realizar una visita no anunciada a Guayas 2 y entrevistar a las mujeres privadas de libertad sin presencia de integrantes de las fuerzas de seguridad.
También pidieron que se soliciten al SNAI, al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los protocolos, órdenes e instructivos que regulan la actuación militar dentro de la cárcel femenina, así como los mecanismos para prevenir y denunciar violencia sexual y acoso.
Los colectivos plantearon que, si la investigación encuentra indicios razonables de posibles delitos contra la integridad sexual, tortura u otras infracciones, estos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía.
Ejército dice que colaborará con la investigación
El Ejército señaló que brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
La institución también reiteró su política de tolerancia cero frente a conductas de integrantes de las Fuerzas Armadas que contravengan la ley.
Por ahora, se trata de presuntos hechos bajo investigación y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades individuales.
