El caso ocurrió en septiembre de 2025, cuando un hombre se presentó en Quito con documentos de un ciudadano mexicano. Un juez declaró la nulidad del proceso por cuestionamientos al procedimiento policial. El IESS apeló y la audiencia está prevista para el 29 de septiembre de 2026.
Un hombre identificado como Carlos Alberto T. M., de Guayaquil, intentó retirar alrededor de USD 40.000 correspondientes a los fondos de cesantía de un afiliado mexicano utilizando documentos que, según las pericias incorporadas al expediente, habían sido adulterados.
El caso se registró el 9 de septiembre de 2025, cuando el procesado acudió al edificio del IESS, en el sector de El Ejido, en Quito. Se presentó como el titular de los fondos y entregó un pasaporte mexicano y un certificado laboral para sustentar el trámite.
La alerta surgió cuando una funcionaria del IESS verificó el certificado con la empresa petrolera que supuestamente lo había emitido. La compañía respondió que no había elaborado ese documento y que los datos de identidad tampoco coincidían con sus registros.
¿Cómo se detectó la presunta suplantación?
Los fondos que pretendía retirar habían permanecido bloqueados desde 2019 debido a que superaban el límite establecido para retiros virtuales. Por esa razón, el titular debía realizar el trámite de manera presencial.
Según la investigación citada por Primicias, el procesado había realizado gestiones previas para desbloquear la cuenta y finalmente obtuvo una cita en Quito. Al presentarse en las oficinas del IESS, fue identificado y posteriormente detenido.
Los peritajes determinaron que el pasaporte utilizado tenía características físicas correspondientes a un documento auténtico, pero que la página con los datos biográficos había sido adulterada.
El hombre fue procesado inicialmente por falsificación y uso de documento falso, además de suplantación de identidad. Estos cargos corresponden a delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
¿Por qué quedó libre?
Aunque el hombre fue detenido y puesto a órdenes de la justicia, posteriormente un juez de la Unidad Judicial de Iñaquito declaró la nulidad del proceso.
La decisión se fundamentó en cuestionamientos al procedimiento utilizado por los agentes durante la detención. Entre ellos, el traslado del sospechoso a una dependencia de Migración para realizar un peritaje al pasaporte antes de llevarlo a la Unidad de Flagrancia.
El juez consideró que durante ese procedimiento se vulneraron garantías relacionadas con la libertad personal, debido proceso, derecho a la defensa y control judicial, entre otros aspectos.
La resolución provocó que el procesado recuperara su libertad y que las actuaciones realizadas desde la detención hasta la audiencia de formulación de cargos fueran consideradas nulas.
IESS reclama USD 60.000
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se declaró víctima institucional, presentó una acusación particular y reclama una reparación integral de USD 60.000.
El organismo argumenta que el intento de retirar los fondos no solo podía afectar el patrimonio institucional, sino también la seguridad de los recursos destinados a los afiliados.
El IESS cambió de abogados y apeló la decisión judicial. La audiencia de apelación fue convocada para el 29 de septiembre de 2026, por lo que el caso todavía continúa en disputa judicial.
Lo que sigue
La audiencia de septiembre deberá revisar los argumentos del IESS frente a la nulidad declarada. Hasta que exista una resolución definitiva, la responsabilidad penal del procesado no está establecida.
