El alcalde Zohran Mamdani y autoridades de Nueva York buscan frenar una nueva regla de “carga pública” que permitiría considerar el uso de beneficios sociales al evaluar solicitudes de residencia permanente. La normativa está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre.
Nueva York presentó una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump para intentar bloquear una nueva normativa migratoria que amplía los criterios que podrían utilizar los funcionarios federales para decidir si un inmigrante puede obtener una tarjeta de residencia permanente, conocida como ‘green card’.
La acción judicial fue anunciada este lunes 14 de septiembre por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La ciudad de Nueva York está acompañada en esta demanda por Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara, en California, el condado de King, en Washington, y la organización Public Rights Project. Paralelamente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza otra demanda contra la misma regulación junto con otros estados.
¿Qué plantea la nueva norma migratoria?
La regulación modifica la denominada regla de “carga pública”, un criterio utilizado por las autoridades migratorias estadounidenses para determinar si una persona que solicita determinados beneficios migratorios podría convertirse principalmente dependiente de la asistencia del Gobierno.
Con el nuevo esquema, los funcionarios tendrían mayor discrecionalidad para considerar el uso actual o potencial de determinados programas públicos al analizar solicitudes de residencia permanente y visas. Entre los beneficios que podrían ser tomados en cuenta están programas de salud, alimentación y vivienda.
Entre ellos figuran Medicaid, el programa de asistencia alimentaria SNAP y determinados programas de ayuda para vivienda.
La medida está prevista para entrar en vigor el viernes 18 de septiembre de 2026.
Nueva York busca detener completamente la aplicación
Mamdani aseguró que la intención de la demanda no es conseguir una suspensión temporal de la norma, sino impedir que entre en funcionamiento.
“Queremos detener por completo la implementación de esta norma”, señaló el alcalde durante una conferencia de prensa en Nueva York, en la que estuvo acompañado por la fiscal general estatal y representantes de organizaciones que defienden a los inmigrantes.
La ciudad sostiene que la regulación podría generar temor entre las familias inmigrantes y hacer que personas que tienen derecho legal a determinados beneficios dejen de utilizarlos por miedo a perjudicar sus procesos migratorios.
El temor a perder servicios esenciales
Uno de los principales argumentos de los demandantes es que la nueva política podría provocar que familias inmigrantes renuncien a servicios de salud, alimentación o vivienda, incluso cuando legalmente tengan derecho a recibirlos.
Mamdani afirmó que algunas familias ya comenzaron a dejar de utilizar determinados servicios por temor a que su uso sea considerado posteriormente en una evaluación migratoria.
Según cifras citadas por el alcalde, hasta cuatro millones de personas en Estados Unidos podrían abandonar su cobertura médica, entre ellas alrededor de 1,8 millones de niños. Estas estimaciones forman parte de los argumentos planteados por los opositores a la normativa.
¿A quiénes afectaría?
La normativa está dirigida principalmente a personas que buscan determinados beneficios migratorios, como la residencia permanente, y no significa que cualquier inmigrante que reciba asistencia pública pierda automáticamente su estatus.
El cambio radica en que los funcionarios migratorios tendrían un margen más amplio para valorar factores económicos y sociales al analizar determinadas solicitudes.
La nueva regla también permitiría considerar circunstancias relacionadas con la situación económica, edad, salud, educación y habilidades de los solicitantes, según reportes sobre la normativa.
Estados y ciudades se enfrentan al Gobierno federal
La disputa judicial no se limita a Nueva York. Otros 21 estados, además de Nueva York, se sumaron a una demanda separada liderada por la fiscal general Letitia James.
Entre las jurisdicciones que participan están California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin, entre otras.
Los demandantes argumentan que el Gobierno federal está ampliando de manera indebida la definición de “carga pública” y que la nueva normativa podría contradecir límites establecidos por la legislación migratoria y administrativa estadounidense.
La administración Trump, en cambio, defiende la medida como una herramienta para evitar que personas que dependan de programas de asistencia pública obtengan determinados beneficios migratorios.
Una nueva batalla legal sobre migración
La controversia abre un nuevo frente judicial entre la Administración Trump y gobiernos estatales y locales liderados por demócratas.
La regulación retoma elementos de una política adoptada durante el primer mandato de Trump en 2019, que posteriormente fue abandonada durante el Gobierno de Joe Biden, quien estableció una interpretación más limitada de la figura de “carga pública”.
