El 13 de julio, la empresa PROEXEQ inició la tala de 3,14 Ha. en un predio ubicado en el sector de El Bosque detrás del centro comercial. El Ministerio de Agricultura (MAGAP) emitió la licencia de tala y denuncias ciudadanas en redes sociales alertaron del riesgo. La presión y el compromiso de la comunidad frenaron la intervención en este hábitat amenazado de Quito.
A pesar de que el eucalipto, (Eucalyptus globulus) es una especie australiana introducida, este bosque es un ecosistema y una barrera natural que protege la biodiversidad local, mitiga riesgos de deslaves, aluviones e inundaciones en el occidente de Quito. Los habitantes del sector advierten que la vegetación de la quebrada Caicedo constituye una barrera natural para los barrios del occidente de la ciudad; el bosque es un pulmón para la zona. Permitir la tala rasa, de este bosque y toda la vegetación del lugar, significaría un ecocidio para la ciudad.
Daniela Cabezas, moradora del barrio afirma que estos árboles plantados hace mucho tiempo y por su grosor y tamaño posiblemente tengan entre 50 y 70 años. Las acciones del MAGAP enfrentan duros cuestionamientos públicos. Aunque la entidad afirma haber realizado análisis de campo, legales y cartográficos antes de otorgar el permiso a PROEXEQ, el proceso revela una grave desconexión institucional.
Sebastián Pillajo, jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Secretaría de Ambiente de Quito, criticó que el MAGAP emitiera la licencia de tala de forma directa y sin consultar a su entidad, una omisión que vulnera la gestión de un territorio proclive a desastres naturales
Aclara que este bosque forma parte del Área Natural de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha–Atacazo, un territorio bajo régimen de protección ambiental especial gestionado por el Municipio de Quito y es un componente clave del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMANP).
El Pichincha-Atacazo protege, los páramos y la biodiversidad de las faldas del Pichincha y Atacazo, resguarda las fuentes de agua y las áreas de recarga hídrica esenciales para la ciudad; mitiga los riesgos de desastres naturales en las zonas bajas y controla rigurosamente la expansión urbana y el uso del suelo en las laderas.
La crisis ambiental y el riesgo de aluviones exigen una reevaluación urgente. El MAGAP ha solicitado un pronunciamiento al Municipio de Quito para evaluar las normativas locales concurrentes. Al momento, la licencia se mantiene suspendida; el futuro definitivo de este predio dependerá del informe técnico-legal que entregue la Secretaría de Ambiente, el cual determinará si las regulaciones locales de seguridad y conservación ambiental superan el permiso agrícola inicialmente otorgado a la empresa.
Mientras tanto, el Cabildo Cívico de Quito respalda decididamente a la ciudadanía y los colectivos ambientalistas que se mantienen vigilantes para garantizar la protección definitiva de este pulmón de la ciudad, toda vez que el principio de protección ambiental y uso sostenible del bosque son la luz que debe iluminar dichos informes.
