Una nueva normativa del Ministerio de Educación establece cambios en el acompañamiento que reciben los estudiantes con autismo dentro de las instituciones educativas del país. La disposición reemplaza la figura conocida como “profesor sombra” por la de “docente de apoyo externo” y establece requisitos específicos para quienes desempeñen esta función.
La medida busca ordenar el ingreso y permanencia del personal de apoyo externo en los establecimientos educativos. Sin embargo, también ha generado preocupación entre familias y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, principalmente por el impacto económico que podría representar para los padres.
El acompañamiento deberá estar a cargo de profesionales
De acuerdo con la nueva disposición, el acompañamiento individual a estudiantes que requieren este tipo de apoyo deberá ser realizado por un profesional de la educación.
Esta persona cumple una función de acompañamiento durante la jornada escolar y puede ayudar al estudiante a comprender instrucciones, participar en actividades y desarrollar mayor autonomía dentro del aula.
La normativa genera preocupación entre algunas familias porque este servicio debe ser financiado por los padres. Según Ecuavisa, actualmente el costo de un acompañamiento puede ubicarse entre USD 500 y USD 1.000 mensuales, dependiendo de las condiciones y modalidad del servicio.
Familias cuestionan el impacto económico
Padres de niños con autismo consideran que el requisito de contar exclusivamente con profesionales de la educación podría reducir la cantidad de personas disponibles para brindar este acompañamiento y, en consecuencia, incrementar sus costos.
Jésica Gómez, madre de un niño con autismo, explicó que ella misma se ha capacitado para acompañar a su hijo debido a las dificultades económicas que implica contratar permanentemente a una persona especializada.
La preocupación principal está relacionada con las familias que no cuentan con los recursos suficientes para asumir un gasto mensual adicional.
Organizaciones piden revisar la normativa
La Fundación Aleluya del Ecuador presentó una impugnación administrativa contra las nuevas directrices y solicitó que se revise su aplicación.
La organización sostiene que garantizar el acceso a la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad no debería depender de la capacidad económica de sus familias. Desde esta perspectiva, el cambio podría generar barreras para aquellos hogares que no puedan financiar un acompañamiento externo.
El debate se centra ahora en cómo garantizar que los estudiantes que requieren apoyo individual puedan mantenerlo sin que las nuevas condiciones representen una limitación para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La nueva normativa abre así una discusión sobre educación inclusiva, acompañamiento especializado y responsabilidad del Estado, mientras familias y organizaciones solicitan que se analicen alternativas que permitan garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.
