Rocío Bastidas – Opinión / Para Notimercio
El 13 de agosto de 2024 el Municipio de Quito aprobó planes que contemplan la recuperación del río Machángara. En el papel se cita la matriz verde (corredores como territorios de quebradas, microcuencas hidrográficas y áreas protegidas, bosques protectores, áreas de producción sostenible, espacios verdes, entre otros).
El plan busca “alcanzar una gestión integrada y sostenible de las microcuencas hidrográficas, garantizando la conservación de los recursos hídricos y los servicios ecosistémicos. Esta gestión debe promover la participación ciudadana activa como un mecanismo clave de gobernanza, para asegurar el acceso equitativo al agua, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia climática”.
Sin embargo, hay un conjunto de variables que impiden su cumplimiento. Esto se evidenció en las reuniones para revisar las medidas establecidas en la sentencia para la recuperación integral del río Machángara, con más de 80 funcionarios municipales casi en silencio y diez representantes de la sociedad civil. Una de esas variables técnicas tiene que ver con los polígonos industriales de la microcuenca del río Machángara, que son los grandes contaminadores.
Las estadísticas del 2024 son preocupantes: “De los más de 55.857 establecimientos registrados para la obtención de la LUAE se han identificado que 5.434 cuentan con certificado ambiental…” el cual no es obligatorio. Apenas “11 establecimientos generan descargas industriales de mediano y alto impacto”.
Esto significa que quienes emiten los certificados carecen de mínimos criterios ambientales para concederlas, sin importar los daños que causan al río. Si bien la sentencia indica que las acciones son para el corto plazo, el Municipio de Quito considera que dicho estudio se debería hacer en 15 meses y estaría a cargo de sus funcionarios, pero hasta ahora no empieza a ejecutarse nada.
Creer que el Municipio cuenta con la suficiente capacidad técnica, económica, operativa y de control para cumplir la sentencia es soñar despiertos. Para colmo, la dependencia ambiental municipal ha reducido su presupuesto del 2026. ¡Qué contrasentido inexplicable con una sentencia en firme!
