Una consultoría internacional contratada por Naciones Unidas identificó efectos relevantes del proceso de validación e imputación aplicado al Censo 2022. El informe señala modificaciones en empleo, desempleo, afiliación a la seguridad social y condiciones de vivienda.
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022 vuelven al centro del debate estadístico en Ecuador.
Una consultoría internacional contratada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a pedido del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), identificó posibles distorsiones derivadas del proceso utilizado para completar, corregir y validar parte de la información recopilada durante el censo.
El informe, entregado al INEC en mayo de 2025 y revisado posteriormente, advierte que los procedimientos de imputación y corrección tuvieron efectos sobre indicadores demográficos y socioeconómicos. Entre ellos aparecen las cifras relacionadas con empleo, desempleo, informalidad y afiliación a la seguridad social.
El hallazgo no significa que todo el Censo 2022 carezca de validez ni implica que deba repetirse. El punto central es determinar hasta qué punto los procesos estadísticos utilizados modificaron determinados resultados y cómo deben interpretarse esos datos.
¿Qué es la imputación de datos?
En un censo es posible encontrar formularios incompletos, respuestas inconsistentes o viviendas que no pudieron ser censadas pese a las visitas realizadas por los encuestadores.
Para resolver estos problemas, los organismos estadísticos utilizan procedimientos de imputación, mediante los cuales se asignan determinados valores a la información que falta o que necesita ser corregida.
El problema aparece cuando el volumen de datos sometidos a estos procesos es suficientemente elevado como para modificar los patrones observados originalmente.
La consultoría señala que entre 4,7% y 5% de las viviendas ocupadas con personas ausentes (VOPA) fueron imputadas, equivalente a unas 759.103 personas que no fueron censadas directamente.
Al sumar otros formularios incompletos y registros corregidos durante el procesamiento, el informe estima que cerca del 10% de la información censal estuvo sometida a algún tipo de imputación.
Según el documento, este nivel supera los umbrales metodológicos recomendados por Naciones Unidas y puede generar distorsiones cuando alcanza porcentajes elevados.
El mercado laboral aparece entre los indicadores afectados
Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con el empleo.
La consultoría comparó una base de información previa a la aplicación de todos los procesos de validación e imputación con los resultados finales del censo.
El resultado muestra que varios indicadores laborales terminaron presentando una evolución más favorable.
Entre las variaciones identificadas están:
- 4,7% de incremento en la tasa de actividad.
- 8,8% de aumento en la tasa de empleo.
- 13,8% de reducción en la tasa de desempleo.
- 18,8% de aumento en la proporción de ocupados que aportan a la seguridad social.
- 14,5% de reducción en la población ocupada que no aporta a la seguridad social.
- 10,3% de disminución en quienes trabajan por cuenta propia.
- 5,1% de incremento en el empleo privado.
- 13,1% de aumento en el empleo estatal.
- 15,4% de incremento en el porcentaje de población empleada en trabajo doméstico.
Estas cifras no representan necesariamente un cambio real ocurrido en el mercado laboral ecuatoriano.
Son, según la consultoría, variaciones observadas después de aplicar los procesos de validación e imputación.
La diferencia es importante porque un ajuste estadístico no equivale automáticamente a una mejora económica real.
Mujeres y adultos mayores muestran cambios importantes
El efecto tampoco fue uniforme entre todos los grupos de población.
El incremento de la tasa de empleo fue particularmente elevado entre las mujeres, con 13,3%, y las personas mayores de 65 años, con 35%.
En cuanto al desempleo, la reducción fue mayor entre las mujeres, con 17%, la población indígena, con 17,6%, la población afrodescendiente, con 16,2%, y los mayores de 65 años, con 20%.
Estos cambios son relevantes porque las estadísticas laborales no solo permiten conocer el comportamiento general de la economía.
También sirven para diseñar políticas dirigidas a grupos específicos.
Si la metodología modifica significativamente la representación de determinados segmentos, las decisiones públicas basadas en esos datos pueden verse afectadas.
También cambió la fotografía de la vivienda
La consultoría encontró efectos similares en los indicadores relacionados con las condiciones habitacionales.
Después del proceso de validación, se observaron ligeras mejoras en indicadores asociados a la calidad de las viviendas.
Entre ellas aparecen modificaciones en materiales de construcción, acceso a agua y saneamiento, manejo de residuos y número de hogares por vivienda.
El informe señala que el proceso produjo una reducción de los indicadores de precariedad y un incremento de aquellos asociados con mejores condiciones habitacionales.
El Comité de Evaluación Censal también identificó una tendencia a favorecer categorías positivas en aspectos relacionados con viviendas y bienes de los hogares.
Esto no significa que las condiciones de vida de los ecuatorianos hayan mejorado como consecuencia de la imputación.
Significa que la fotografía estadística final puede presentar diferencias respecto de la información disponible antes de aplicar esos procesos.
¿Qué pasa con la Enemdu?
El debate adquiere mayor importancia porque el Censo constituye una de las principales fuentes para construir el marco muestral de encuestas posteriores.
Entre ellas está la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), utilizada para conocer periódicamente la situación del mercado laboral y la pobreza.
Sin embargo, la consultoría encontró que, hasta el momento de su análisis, la metodología de la Enemdu todavía utilizaba como marco de muestreo los resultados del Censo 2010.
El exdirector del INEC Roberto Castillo explicó que el instituto ya había elaborado un nuevo marco basado en el Censo 2022, con asistencia técnica de la Cepal, y que durante más de un año se realizó un proceso de empalme entre ambos marcos.
Ese procedimiento busca evitar que un cambio metodológico genere rupturas artificiales en las series históricas.
El INEC tiene una explicación diferente sobre la magnitud del problema
Roberto Castillo, quien dirigió el INEC durante el desarrollo del Censo 2022, cuestionó la interpretación sobre el porcentaje de imputación.
Según su explicación, en el caso específico de las viviendas ocupadas con personas ausentes, el porcentaje imputado habría sido de 3,64% del total de datos del censo, y no el 10% que menciona la consultoría cuando incorpora diferentes procesos de corrección.
Castillo también sostuvo que una versión anterior del informe ya había sido socializada antes de su salida del INEC y consideró que algunos de los hallazgos ya habían sido abordados por la institución.
Esta diferencia resulta importante: el debate no gira únicamente alrededor de las cifras, sino también sobre qué procesos deben considerarse para calcular el nivel de imputación y cuál es su impacto estadístico real.
El retraso en las cifras de empleo aumenta la incertidumbre
El debate sobre el Censo ocurre además en un momento en que el INEC registra retrasos en la publicación de información laboral.
La institución debía difundir los resultados de la Enemdu de junio de 2026, que incluye datos sobre empleo y pobreza, el 22 de julio.
También estaba prevista la publicación de la Enemdu trimestral el 31 de julio.
Ambas fechas pasaron sin que los resultados fueran difundidos y, hasta el momento señalado en el informe periodístico, el INEC no había explicado públicamente las razones del retraso.
La Enemdu mensual de julio también estaba prevista para el 25 de agosto.
El retraso resulta especialmente relevante porque estas estadísticas permiten conocer cómo está evolucionando el mercado laboral después de varios meses de cambios económicos.
¿Significa esto que los datos de empleo son falsos?
No necesariamente.
La consultoría no concluye que todas las estadísticas producidas por el INEC sean falsas.
Lo que señala es que determinados procesos de validación, consistencia e imputación pudieron modificar la distribución de los datos y producir cambios relevantes en algunos indicadores.
Esta diferencia es fundamental.
En estadística, los procedimientos de corrección son parte habitual del procesamiento de grandes bases de datos.
La discusión comienza cuando el volumen de datos corregidos es suficientemente alto para alterar los patrones que se pretenden medir.
Por eso, el desafío ahora es determinar con precisión cuáles indicadores fueron afectados, cuánto cambiaron y qué metodología debe utilizarse para compararlos con información de años anteriores.
¿Habrá que repetir el Censo?
El informe no plantea como conclusión que Ecuador deba repetir el Censo 2022.
De hecho, Roberto Castillo ha sostenido que no es necesario realizar nuevamente el censo y que los problemas identificados pueden ser analizados y corregidos mediante procedimientos estadísticos.
Repetir un censo implicaría un enorme costo económico, logístico y operativo.
La alternativa es fortalecer la transparencia metodológica, publicar los procesos de validación y permitir que investigadores independientes puedan evaluar las bases y los procedimientos utilizados.
La discusión va más allá de una cifra
El debate sobre el Censo 2022 tiene implicaciones que van mucho más allá de una discusión entre especialistas.
Los datos estadísticos sirven para distribuir recursos, diseñar políticas sociales, definir prioridades de inversión, planificar servicios públicos y medir la evolución de la economía.
Si una estadística muestra menos desempleo, mayor afiliación a la seguridad social o mejores condiciones habitacionales, esas cifras pueden influir en las decisiones de gobiernos, empresas y organismos internacionales.
Por eso, la calidad de los datos es tan importante como los resultados que muestran.
Transparencia: el siguiente desafío
La consultoría internacional abre una discusión que Ecuador tendrá que resolver con evidencia.
El país necesita conocer qué información fue imputada, qué criterios se utilizaron para completar los datos, qué variables resultaron más afectadas y cómo esos cambios se trasladan a las estadísticas que se producen posteriormente.
También será importante aclarar por qué los datos de la Enemdu han sufrido retrasos y cómo se realizará la transición hacia el nuevo marco muestral basado en el Censo 2022.
La pregunta central ya no es únicamente cuántos ecuatorianos tienen empleo o cuántos viven en pobreza.
Antes de interpretar esas cifras, hay una pregunta previa que resulta indispensable:
¿Qué tan sólida es la información con la que estamos midiendo la realidad del país?
La respuesta determinará cuánto pueden confiar ciudadanos, investigadores y autoridades en las estadísticas que sirven de base para tomar decisiones sobre Ecuador.
