El Gobierno colombiano puso fin a tres procesos de negociación heredados de la administración de Gustavo Petro. La decisión marca un giro hacia una política de mayor énfasis en seguridad, mientras quedan abiertas las preguntas sobre cómo responderá el Estado a los grupos armados que permanecen activos.
El Gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar formalmente una de las principales políticas de seguridad de su antecesor, Gustavo Petro.
A través de nueve resoluciones expedidas el 28 de agosto de 2026, el Ejecutivo colombiano puso fin a tres procesos de diálogo que permanecían abiertos con organizaciones armadas ilegales. El argumento oficial es que en esos espacios no se encontró una “voluntad real de paz”, reinserción a la vida civil o sometimiento a la justicia.
La decisión representa uno de los primeros cambios estructurales de la nueva administración en materia de seguridad.
Tres procesos quedaron oficialmente cerrados
Las resoluciones afectan a tres estructuras.
La primera es el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), una estructura de disidencias de las FARC asociada con alias ‘Calarcá’.
La segunda corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
El tercer proceso era un espacio de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca.
En los tres casos, el Gobierno argumentó que los acontecimientos registrados durante las conversaciones habían debilitado los procesos y que no existían elementos suficientes para continuar acreditando una intención efectiva de abandonar las armas o someterse a la justicia.
No solo se cierran las mesas
La decisión tiene efectos adicionales.
Las resoluciones firmadas por De la Espriella revocan las designaciones de los representantes del Gobierno que participaban en las negociaciones y eliminan el reconocimiento oficial de los integrantes de las organizaciones armadas que habían sido acreditados como delegados.
En el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, además, el Ejecutivo ordenó reactivar órdenes de captura contra algunos de sus integrantes.
Esto marca una diferencia importante respecto de la lógica utilizada durante la administración anterior: quienes tenían reconocimiento dentro de los procesos de negociación dejan de contar con ese marco institucional.
¿Qué queda de la “paz total”?
La llamada “paz total” fue uno de los principales proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.
La estrategia buscaba abrir conversaciones simultáneas con distintas organizaciones armadas, guerrilleras y criminales, combinando negociaciones políticas con procesos de sometimiento a la justicia.
La iniciativa, sin embargo, enfrentó dificultades durante la propia administración de Petro.
Los diálogos con el ELN y sectores del Estado Mayor Central ya habían sido suspendidos debido a incumplimientos, violencia y cuestionamientos sobre la voluntad de las organizaciones para avanzar hacia la paz.
Ahora, el Gobierno de De la Espriella da un paso adicional al cerrar las mesas que todavía permanecían abiertas.
De negociar a combatir
El cambio no es solamente administrativo.
Durante su campaña y posteriormente en su discurso de posesión, De la Espriella había anunciado que su Gobierno abandonaría la estrategia de negociación con los grupos armados ilegales y priorizaría seguridad, autoridad y combate al crimen organizado.
La nueva administración considera que mantener espacios de diálogo sin resultados concretos puede terminar favoreciendo a las organizaciones armadas si estas utilizan las negociaciones para fortalecerse, reorganizarse o mantener actividades ilegales.
Con las resoluciones de agosto, esa posición comienza a transformarse en decisiones concretas.
El desafío será qué ocurre después del cierre
Cerrar una mesa de negociación resuelve una cuestión política, pero no necesariamente reduce la actividad de los grupos armados.
Ese es uno de los principales desafíos para el Gobierno colombiano.
Las estructuras que dejan de participar en procesos de diálogo continúan existiendo y algunas mantienen presencia territorial, capacidad armada y actividades vinculadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.
Por eso, el cierre de las negociaciones obliga al Estado a fortalecer otras herramientas: inteligencia, presencia territorial, justicia, control de las economías ilegales y protección de las comunidades.
La pregunta central será si la nueva estrategia consigue reducir la violencia sin cerrar completamente las posibilidades de negociación futura.
Un cambio que tendrá efectos regionales
La situación también interesa a los países vecinos.
Colombia comparte frontera con Ecuador y Venezuela, y las dinámicas de los grupos armados colombianos tienen consecuencias en las zonas fronterizas, especialmente por el tráfico de drogas, armas, minería ilegal y movilidad de estructuras criminales.
Cualquier cambio importante en la estrategia de seguridad colombiana puede generar movimientos en las organizaciones que operan cerca de las fronteras.
Para Ecuador, el seguimiento será especialmente importante en los territorios fronterizos con Colombia, donde históricamente la actividad de grupos armados y redes de narcotráfico ha representado un desafío para la seguridad.
El giro ya es oficial
Con las resoluciones firmadas el 28 de agosto, el Gobierno de De la Espriella deja claro que la política de seguridad de Colombia entra en una nueva etapa.
No se trata solamente de retirar negociadores: es el desmontaje formal de tres espacios que formaban parte de la arquitectura de la “paz total” heredada de Petro.
Ahora comienza la parte más compleja.
El Gobierno tendrá que demostrar que su apuesta por la seguridad y la autoridad del Estado puede traducirse en una reducción efectiva de la violencia y del poder territorial de los grupos armados.
Mientras tanto, las puertas de estas tres mesas quedan cerradas y Colombia inicia una nueva fase en la que el diálogo deja de ser el principal instrumento para abordar a estas organizaciones.
