El proyecto impulsado por Mishel Mancheno busca ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado, golpear sus estructuras económicas y sancionar a quienes formen parte o colaboren con estas organizaciones.
La denominada Ley Antimafias superó este jueves 27 de agosto de 2026 su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, dando un nuevo paso dentro de su trámite legislativo. La propuesta, impulsada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y afectar sus estructuras económicas, territoriales y operativas.
Tras la discusión en el Pleno, el proyecto regresará a la Comisión de Seguridad Integral, que deberá incorporar las observaciones realizadas por los legisladores y elaborar el informe para el segundo debate.
El proyecto suma apoyos, pero también cuestionamientos
Durante la sesión, legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y varios independientes expresaron su respaldo a la iniciativa. En cambio, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) planteó reparos y advirtió que la lucha contra el crimen organizado no debería concentrarse exclusivamente en el aumento de penas.
La legisladora Viviana Veloz señaló que el proyecto debe enfocarse también en desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, recuperar territorios y afectar directamente su patrimonio. También pidió mayor precisión para determinar cuándo una persona puede ser considerada integrante de un grupo delictivo.
¿Qué propone la Ley Antimafias?
La iniciativa plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley de Extinción de Dominio. El proyecto está compuesto por 23 artículos: 21 modifican el COIP y dos corresponden a la Ley de Extinción de Dominio.
Uno de los cambios centrales consiste en crear una figura penal relacionada con la pertenencia a organizaciones de delincuencia organizada. La propuesta considera como delincuencia organizada la actuación de tres o más personas que conformen una estructura permanente o reiterada para cometer delitos graves y obtener beneficios materiales.
También se busca alcanzar a quienes organicen, financien, dirijan, coordinen o faciliten recursos e infraestructura para estas estructuras, incluso cuando se trate de personas que proporcionen inmuebles, bodegas u otros espacios con conocimiento de su utilización para actividades criminales.
Penas podrían llegar hasta los 30 años
El proyecto contempla penas de entre 22 y 26 años de prisión para quienes constituyan, organicen o dirijan estructuras criminales, así como para quienes tengan funciones de financiamiento, mando, control o planificación.
Cuando las organizaciones estén vinculadas con delitos considerados de alto impacto, como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de armas o lavado de activos, las penas podrían llegar de 26 a 30 años.
El dinero y los bienes de las mafias, en el centro
Otro de los ejes de la propuesta es la persecución patrimonial. La iniciativa plantea mecanismos para administrar los bienes incautados y contempla la posibilidad de realizar ventas anticipadas en determinados casos.
Durante el debate, Mancheno señaló que existirían alrededor de 583 bienes inmuebles y 2.600 vehículos relacionados con organizaciones criminales y actividades de narcotráfico. La propuesta busca evitar que estos activos representen una carga económica para el Estado mientras avanzan los procesos judiciales.
La Asamblea también analiza medidas para utilizar bienes vinculados a actividades criminales con fines sociales, bajo los procedimientos establecidos por la ley.
Abogados también están incluidos en la propuesta
El proyecto plantea que los abogados condenados por delitos relacionados con el crimen organizado puedan ser inhabilitados para ejercer durante el mismo período de la pena impuesta.
La Comisión de Seguridad aclaró que esta medida no pretende criminalizar la defensa técnica, sino sancionar el uso doloso de la profesión para favorecer a estructuras criminales. Para aplicar la inhabilitación se requeriría una sentencia ejecutoriada, participación probada y una relación directa entre el ejercicio profesional y la conducta delictiva.
¿Qué sigue ahora?
Con el primer debate concluido, la Comisión de Seguridad Integral deberá analizar las observaciones planteadas durante la sesión y preparar el nuevo informe para el segundo y definitivo debate.
El proyecto todavía puede sufrir modificaciones antes de una eventual votación final. Por ahora, el debate legislativo evidencia un punto de coincidencia entre las bancadas: la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, aunque existen diferencias sobre la forma de hacerlo y sobre el alcance de las sanciones.
