Los recientes terremotos ocurridos en la región y en especial en Venezuela, que de acuerdo con reportes preliminares de organismos de gestión de riesgos y cobertura de medios internacionales, dejaron miles de personas fallecidas, heridos y zonas donde colapsó gran parte de las edificaciones, han vuelto a recordar que los desastres naturales no solo representan una tragedia humana, sino también un enorme desafío económico y social para toda la región. Ecuador, ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, comparte una realidad similar y mantiene una alta exposición frente al riesgo sísmico.
La historia del país evidencia esa vulnerabilidad. Según datos de CEPAL; Banco Mundial; Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, el terremoto de Ambato de 1949 dejó cerca de 6.000 fallecidos y pérdidas equivalentes al 7,1% del PIB; los sismos de 1987 ocasionaron pérdidas cercanas al 10,7% del PIB; mientras que el terremoto de Manabí y Esmeraldas de 2016 provocó 672 fallecidos y pérdidas estimadas en el 2,1% del PIB nacional. A pesar de ello, la penetración del seguro en Ecuador continúa por debajo del promedio latinoamericano, que apenas alcanza alrededor del 3% del PIB (Fitch Ratings; Swiss Re Sigma), lo que evidencia una importante brecha de protección financiera.
«Los desastres naturales nos recuerdan que la prevención no comienza cuando ocurre la emergencia. Empieza mucho antes, desde las decisiones que toman las familias y las empresas para proteger su patrimonio, su estabilidad financiera y su capacidad de recuperarse».
Juan Diego Pazmiño / Gerente Nacional Técnico de Tecniseguros.
Más allá del riesgo físico que representan terremotos, inundaciones, incendios o deslizamientos, hoy el principal desafío para las familias es proteger su estabilidad financiera. La conversación ya no se limita únicamente a asegurar una vivienda o un vehículo; implica también proteger los ingresos del hogar, la salud, la vida y la capacidad de recuperarse después de una emergencia.
Uno de los principales obstáculos continúa siendo la percepción de que un desastre «nunca va a ocurrir». Sin embargo, El Banco Mundial estima que aproximadamente uno de cada cuatro hogares en América Latina enfrenta algún tipo de choque o desastre cada año. Esa falsa sensación de seguridad suele traducirse en hogares sin planes de emergencia, sin fondos de contingencia, sin seguros y sin protocolos claros de actuación.
Por su parte, la ONU – UNDRR y Cruz Roja Internacional menciona que a todo esto, se suman errores frecuentes como no contar con rutas de evacuación, no preparar un kit básico de emergencia, no proteger documentos importantes, desconocer el nivel de riesgo de la vivienda o postergar la contratación de mecanismos de protección financiera. Cuando ocurre una emergencia, los primeros minutos suelen definir el nivel de daño que enfrentará una familia.
Las cifras muestran además la magnitud de esa exposición. El perfil de riesgo del BID estima que el costo de reposición del entorno construido en Ecuador asciende a USD 608.200 millones, de los cuales USD 508.400 millones —equivalentes al 83,6%— corresponden a viviendas (BID, Perfil de Riesgo de Desastres Ecuador). Entre 1981 y 2024 los desastres registrados generaron pérdidas acumuladas por USD 22.383 millones (EM-DAT; CEPAL).
Frente a este escenario, los especialistas recomiendan construir un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos; establecer un plan familiar con responsabilidades y puntos de encuentro; revisar periódicamente las coberturas de vida y hogar; proteger la documentación crítica tanto en formato físico como digital; e identificar claramente quiénes dependen económicamente del principal generador de ingresos del hogar.
Para las empresas, los terremotos representan mucho más que daños físicos. Hoy las mayores amenazas incluyen la interrupción de las operaciones, los riesgos cibernéticos, la responsabilidad civil, la afectación reputacional y la paralización de cadenas de suministro. El verdadero impacto de una crisis suele medirse por el tiempo que una organización permanece sin operar.
Los especialistas también recomiendan evaluar periódicamente los riesgos críticos de la operación, documentar planes de continuidad, revisar las coberturas y exclusiones de las pólizas, proteger integralmente personas, activos e información, y entrenar regularmente a los equipos responsables de enfrentar una eventual crisis.
