Los casos registrados en la provincia evidencian cómo el crimen organizado está involucrando cada vez más a adolescentes, mientras familias y autoridades buscan respuestas frente a una violencia que también llega a los alrededores de los colegios.
La violencia que atraviesa Ecuador tiene un rostro cada vez más joven. 331 menores de edad fueron asesinados en el país entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, según datos de la Policía Nacional citados por Primicias. Manabí aparece entre las provincias donde esta problemática genera mayor preocupación.
En los últimos meses, varios estudiantes han sido víctimas de ataques armados en zonas cercanas a sus centros educativos. Los casos han dejado familias enfrentadas a pérdidas inesperadas y han incrementado la preocupación de padres y docentes por la seguridad de los adolescentes.
Estudiantes entre las víctimas
Uno de los casos que refleja esta realidad es el de José Alejandro, un estudiante de 15 años de Manta que también trabajaba en una vulcanizadora. El adolescente desapareció el 19 de julio y dos días después su cuerpo fue encontrado en un botadero clandestino de la ciudad. La necropsia determinó que había muerto de manera violenta.
Su familia, además de enfrentar la pérdida, tuvo dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios. Según el relato recogido por Primicias, sus allegados también señalaron que el adolescente había recibido amenazas relacionadas con familiares que estarían involucrados en actividades ilícitas.
Otros dos estudiantes fueron asesinados en julio. Jean Pierre A. B., de 17 años, murió después de salir de clases en una unidad educativa de Manta; mientras que Carlos Jair M. P., también de 17 años, fue atacado a unos 250 metros de su colegio en el barrio Florestal.
Las redes sociales, una nueva vía de captación
La Policía ha identificado otro elemento dentro de este escenario: el uso de redes sociales por parte de adolescentes para identificarse con organizaciones criminales.
El comandante policial de la Zona 4, William Calle, explicó que algunos jóvenes realizan transmisiones en vivo en plataformas como TikTok en las que manifiestan su pertenencia o simpatía hacia grupos delictivos. Según la autoridad, esta exposición puede convertirlos en objetivos de organizaciones rivales.
La preocupación no se limita a las víctimas. Las autoridades también han alertado sobre el reclutamiento de menores para cometer delitos. En Manabí, más de 100 adolescentes habían sido aislados durante 2026 por casos relacionados con tenencia de armas, tráfico de drogas y sicariato, según información policial reportada anteriormente.
La seguridad también preocupa dentro y fuera de los colegios
El temor se ha trasladado a las familias. El 28 de julio, un hombre de 31 años y su hija de 10 años resultaron heridos durante un ataque armado ocurrido en los exteriores de un plantel educativo de Manta. El episodio provocó preocupación entre padres que diariamente acompañan a sus hijos a clases.
Actualmente, 60 instituciones educativas de Manabí cuentan con algún tipo de resguardo en sectores considerados conflictivos. Sin embargo, la Policía reconoce que no dispone de personal suficiente para permanecer de manera permanente en todos los establecimientos y debe establecer prioridades.
Una respuesta que va más allá de la seguridad
Frente al problema, autoridades locales también han planteado medidas relacionadas con la prevención, las oportunidades laborales y el acompañamiento familiar.
En Manta, por ejemplo, el programa “Mi Primera Chamba” busca acercar a estudiantes al mundo laboral y ofrecer alternativas frente a la falta de oportunidades. Desde 2025, la iniciativa ha llegado a 36 unidades educativas y ha conseguido que, en promedio, entre dos y tres jóvenes por institución accedan a un empleo.
El desafío, sin embargo, es mucho más amplio. La violencia contra menores y su posible captación por organizaciones criminales plantea la necesidad de combinar seguridad, educación, acompañamiento familiar, oportunidades económicas y prevención.
Los 331 menores asesinados hasta agosto muestran la dimensión de una crisis que ya no puede analizarse únicamente desde las estadísticas de criminalidad: detrás de cada cifra existe una familia, una comunidad y, en muchos casos, un estudiante cuyo futuro quedó interrumpido por la violencia.
