El Tribunal de Garantías Penales de Quito condenó al expresidente y a Jacobo Bucaram como colaboradores del delito de delincuencia organizada. La sentencia también contempla multas de 20 salarios básicos para cada uno.
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso conocido como Pruebas COVID-19 y agentes de la AMT.
La resolución fue anunciada la noche del 9 de septiembre de 2026, después de seis intentos fallidos de instalar la audiencia de sentencia. Ambos fueron considerados colaboradores de la estructura investigada y, además de la pena privativa de libertad, deberán pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados cada uno.
El caso se relaciona con la negociación y comercialización irregular de alrededor de 21.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020. Según la tesis de la Fiscalía, la estructura habría obtenido beneficios económicos mediante estas operaciones entre marzo y agosto de ese año.
¿Quiénes más fueron sentenciados?
El exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) Leandro Berrones, señalado como autor directo del delito, recibió una condena de 13 años y cuatro meses de prisión, además de una multa equivalente a 40 salarios básicos.
Mientras tanto, el ciudadano israelí Sheinman Oren recibió una pena de dos años y ocho meses, luego de que el Tribunal considerara su cooperación eficaz con la investigación. También se le impuso una multa de seis salarios básicos.
La Fiscalía sostuvo que durante la operación investigada se utilizaron servidores de la AMT y que existía una estructura organizada para facilitar el traslado y comercialización de los insumos médicos.
Bucaram compareció desde una clínica
La audiencia finalmente pudo instalarse después de que Abdalá Bucaram solicitara el alta médica de la clínica de Guayaquil donde permanecía internado por problemas cardíacos. El expresidente compareció de manera telemática ante el tribunal.
Previamente, Bucaram enfrentaba una orden de aprehensión por no haber asistido a seis convocatorias para conocer la sentencia. Su esposa, María Rosa Pulley, presentó un hábeas corpus para evitar su traslado forzoso, pero la Corte Provincial del Guayas rechazó el recurso el 7 de septiembre.
Horas antes de conocer el fallo, Bucaram había anticipado en redes sociales que esperaba una condena de entre cinco y siete años y había insistido en sus problemas de salud. Finalmente, la pena establecida por el Tribunal fue superior a la que él había mencionado.
¿Qué sigue después de la sentencia?
La sentencia anunciada corresponde a la resolución del Tribunal en primera instancia. La defensa todavía puede presentar recursos, por lo que la condena no necesariamente representa el final del proceso judicial. Reuters también reportó que Bucaram mantiene la posibilidad de apelar.
El caso, que comenzó a investigarse durante la pandemia, se convirtió en uno de los procesos judiciales más prolongados relacionados con la comercialización irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
