Jubilados, trabajadores y organizaciones sociales protestaron frente a la Caja del Seguro contra la propuesta del Gobierno de vender activos inmobiliarios considerados ociosos.
Jubilados, trabajadores y organizaciones sociales protagonizaron este lunes 7 de septiembre de 2026 un plantón frente a la Caja del Seguro, en Quito, para rechazar la posible venta de bienes inmuebles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La movilización se produjo luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara que el Gobierno analiza disponer de activos inmobiliarios considerados ociosos para obtener liquidez y atender las necesidades financieras del Seguro Social.
Según el mandatario, el IESS tendría alrededor de USD 2.000 millones en activos inmobiliarios considerados ociosos, entre terrenos, edificios y otros predios. La propuesta generó rechazo entre organizaciones de trabajadores y jubilados, que consideran que estos bienes forman parte del patrimonio de los afiliados.
Jubilados cuestionan la venta de bienes del IESS
Durante la protesta, los manifestantes exigieron al Gobierno respetar la autonomía del IESS y cuestionaron que la venta de patrimonio sea utilizada como una alternativa para enfrentar los problemas de liquidez de la institución.
Representantes de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social señalaron que una eventual reducción de los activos podría afectar la capacidad del sistema para financiar sus prestaciones.
Ramiro Beltrán, integrante de esa organización, sostuvo que el patrimonio del IESS bordearía los USD 45.000 millones, aunque esta cifra corresponde a una estimación de los dirigentes y no al valor de los activos que el Gobierno plantea vender.
Los manifestantes también expusieron otros problemas que afectan a los afiliados y jubilados, entre ellos la falta de medicamentos, dificultades para acceder a atención médica y la situación de las pensiones.
¿Qué bienes busca vender el Gobierno?
La propuesta del Ejecutivo está dirigida a propiedades que considera ociosas o improductivas. La intención es convertir parte de ese patrimonio inmobiliario en recursos que permitan aliviar las necesidades financieras del Seguro Social.
Sin embargo, una eventual venta no sería inmediata. De acuerdo con un análisis citado por EXTRA, sería necesario actualizar el catastro de unas 1.400 propiedades y resolver problemas legales y de titularidad que afectan a varios predios.
Además, desde julio de 2026 está vigente la resolución C.D. 712 del IESS, que reformó el reglamento relacionado con la enajenación de bienes inmuebles de uso no institucional pertenecientes a la entidad.
La crisis financiera del IESS
La discusión sobre el patrimonio inmobiliario ocurre en medio de una compleja situación financiera del Seguro Social.
A comienzos de 2026, el IESS proyectaba gastos por aproximadamente USD 7.552 millones y estimaba que necesitaría utilizar alrededor de USD 1.407 millones de sus reservas para cubrir obligaciones relacionadas con pensiones y salud.
El fondo de salud también enfrenta dificultades. Para 2026 se proyectaba un déficit de aproximadamente USD 568 millones, una situación que tiene repercusiones en el acceso de los afiliados a medicamentos, consultas y exámenes.
A esto se suma la deuda con prestadores externos. Sus representantes han señalado que las obligaciones pendientes superarían los USD 1.400 millones. El IESS, en cambio, sostiene que mantiene un proceso de pagos y que entre diciembre de 2025 y julio de 2026 transfirió más de USD 647,9 millones a prestadores de la red complementaria.
Anuncian nuevas movilizaciones
Las organizaciones que participaron en el plantón anunciaron que continuarán vigilando cualquier decisión relacionada con los bienes del IESS.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, anunció una asamblea para el 26 de septiembre, a la que prevén convocar a trabajadores, jubilados, campesinos, maestros, estudiantes y otros sectores sociales.
Los dirigentes también analizan recurrir a mecanismos judiciales si consideran que una eventual venta compromete la autonomía constitucional de la seguridad social.
El debate queda así planteado entre dos posiciones: el Gobierno busca obtener liquidez mediante activos que considera improductivos, mientras las organizaciones sociales sostienen que el patrimonio del IESS pertenece a sus afiliados y que su venta no solucionaría los problemas estructurales de la institución.
