La ubicación de la provincia y sus más de 140 kilómetros de costa la convierten en un punto estratégico para las rutas marítimas del narcotráfico. Estados Unidos recomienda reconsiderar los viajes a Santa Elena por el riesgo de violencia.
Santa Elena atraviesa una creciente presión de las organizaciones delictivas que buscan controlar territorios, puertos y rutas marítimas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico. La situación llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos reconsiderar los viajes a esta provincia, en medio del aumento de la violencia criminal.
La alerta estadounidense no implica una prohibición para ingresar a Santa Elena. Ecuador se mantiene en el nivel 2 de riesgo, que recomienda extremar precauciones, pero Washington estableció una recomendación específica de nivel 3 para Santa Elena y Manabí debido a los riesgos asociados con delincuencia y terrorismo.
Una provincia estratégica para el crimen organizado
Santa Elena cuenta con alrededor de 140 kilómetros de costa y está ubicada entre Guayas y Manabí. Esa posición geográfica le proporciona acceso directo al océano Pacífico y la conecta con rutas marítimas utilizadas por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.
En la provincia existen importantes puertos pesqueros artesanales, entre ellos Chanduy, Santa Rosa, Anconcito y Palmar. Para las estructuras criminales, estos puntos representan espacios estratégicos para movilizar combustible, droga y otros recursos hacia embarcaciones de mayor tamaño que permanecen mar adentro.
La Policía sostiene que la disputa no corresponde necesariamente a una sola organización. Diferentes estructuras buscan ampliar su presencia y controlar territorios y actividades económicas relacionadas con las rutas marítimas.
Los puertos están bajo presión
La situación de los puertos pesqueros ya había sido identificada en informes oficiales de seguridad. Un análisis de inteligencia citado en decretos gubernamentales señala que grupos como Los Choneros, Los Lobos, Los Fatales y Los Lagartos mantienen presencia y disputas en la provincia.
Las autoridades han identificado a Santa Rosa, Anconcito, Chanduy y Palmar como puntos especialmente expuestos a las actividades de estas organizaciones.
El problema no se limita al narcotráfico. Los informes también mencionan extorsiones, sicariato, microtráfico y control de rutas como parte de las actividades que alimentan la disputa territorial.
Pescadores, entre la presión y el reclutamiento
Uno de los sectores más vulnerables son los pescadores y trabajadores relacionados con la actividad marítima.
Su conocimiento de las rutas, horarios de navegación, condiciones del mar y puntos de salida los convierte en personas de interés para las organizaciones que buscan movilizar cargamentos ilícitos.
La Policía ha advertido que algunas estructuras criminales buscan reclutar pescadores, incluso trasladándolos desde otras provincias para incorporarlos a operaciones vinculadas al tráfico marítimo.
Los ofrecimientos económicos pueden superar ampliamente los ingresos habituales de la pesca. Según la Policía, algunas bandas llegan a ofrecer hasta USD 10.000 por participar en estas actividades.
El dinero se convierte en una herramienta de captación
La presión criminal también se manifiesta mediante extorsiones. Informes oficiales han señalado que pescadores de algunos puertos han sido obligados a pagar las denominadas “vacunas” para poder desarrollar sus actividades sin sufrir represalias.
De esta manera, las organizaciones no solo buscan utilizar las embarcaciones, sino también ejercer control sobre quienes trabajan en los puertos y sobre las actividades económicas que se desarrollan en ellos.
El fenómeno representa un riesgo adicional para las comunidades pesqueras, que quedan expuestas a amenazas, violencia y posibles procesos judiciales cuando son involucradas en actividades ilegales.
158 muertes violentas en 2026
La presión de las organizaciones criminales ocurre en un escenario de violencia creciente. Santa Elena registra 158 muertes violentas en lo que va de 2026, según las cifras citadas por Primicias.
Entre los hechos recientes que han incrementado la preocupación se encuentran el asesinato de dos jóvenes en Manglaralto, el crimen de un hombre conocido como alias “El Colega” en una playa de Salinas y el asesinato de José Luis Merchán Perero, secretario de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas.
Estos casos ocurren mientras la provincia permanece bajo estado de excepción y las autoridades refuerzan los operativos de seguridad.
El turismo también está bajo observación
Santa Elena es uno de los principales destinos turísticos de Ecuador y registra una elevada llegada de visitantes durante los feriados.
El comandante policial de la provincia, Jorge Hadathy, señaló que la alerta estadounidense debe entenderse dentro de la clasificación internacional de riesgos y destacó que Santa Elena continúa registrando una importante ocupación hotelera. La Policía, según explicó, reforzó los operativos en los principales balnearios.
La advertencia de Washington, por tanto, representa también un desafío para una provincia cuya economía depende en buena medida del turismo y de la actividad pesquera.
El desafío está en controlar tierra y mar
La situación de Santa Elena evidencia que la disputa contra el crimen organizado ya no se concentra únicamente en barrios o carreteras. Los puertos, las embarcaciones y las rutas marítimas se han convertido en espacios estratégicos para las organizaciones criminales.
El reto para las autoridades es recuperar el control de estos puntos sin afectar a las comunidades que dependen de la pesca y el turismo.
Mientras continúan los operativos y la cooperación internacional contra el narcotráfico, los pescadores permanecen en una posición particularmente delicada: son fundamentales para la economía local, pero también están expuestos a las presiones de organizaciones que buscan convertir la infraestructura marítima de Santa Elena en una plataforma para sus actividades ilícitas.
