Mensajes enviados desde números particulares buscan generar miedo entre las víctimas mediante supuestas órdenes de cárcel, multas o embargos. Las autoridades advierten que ninguna institución pública solicita pagos por aplicaciones de mensajería.
Una nueva modalidad de extorsión digital busca aprovechar el miedo y la desinformación para conseguir transferencias bancarias de manera inmediata. Los delincuentes envían mensajes desde números particulares de aplicaciones de mensajería y se presentan falsamente como representantes de instituciones públicas.
En estos contactos utilizan términos relacionados con procesos judiciales, investigaciones, multas o supuestos embargos. El objetivo es convencer a la víctima de que enfrenta una consecuencia legal inminente y presionarla para realizar un pago antes de que ocurra una supuesta detención o afectación a sus bienes.
Para reforzar el engaño, los extorsionadores pueden suplantar identidades institucionales y utilizar una apariencia formal en sus comunicaciones. Sin embargo, las autoridades han advertido que estos mensajes no constituyen notificaciones oficiales.
La Fiscalía recordó que no tramita multas ni demandas mediante chats o números particulares y que las entidades públicas no solicitan transferencias bancarias a través de canales informales.
¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?
La primera recomendación es no responder ni entregar información personal. Las víctimas no deben compartir números de cédula, claves, datos bancarios, fotografías de documentos u otra información que pueda ser utilizada para continuar la estafa.
También es importante bloquear el número desde el cual se recibe la amenaza y reportar el contacto mediante los canales oficiales habilitados por las autoridades. Para estos casos se ha difundido el número (+593) 99 158 5183 como canal de reporte.
Finalmente, si una persona recibe una comunicación en la que se afirma que existe una investigación o proceso judicial en su contra, debe comprobarlo directamente en las plataformas oficiales y no mediante los enlaces o números proporcionados por el supuesto funcionario.
La existencia de una investigación puede verificarse gratuitamente utilizando el número de cédula en el sistema SATJE o consultando la sección Noticias del Delito del portal oficial de la Fiscalía.
La principal recomendación es no actuar bajo presión. Una amenaza recibida por mensajería no debe convertirse automáticamente en una transferencia de dinero: antes de entregar cualquier recurso, la información debe ser contrastada por canales institucionales.
