La medida, aprobada por el Consejo de la Judicatura, busca proteger la identidad visual de magistrados que conozcan casos de alto riesgo sin afectar la transparencia de los procesos judiciales.
El Consejo de la Judicatura aprobó un protocolo que permitirá a los jueces ecuatorianos utilizar avatares digitales durante determinadas audiencias telemáticas, con el objetivo de proteger su identidad frente a posibles amenazas derivadas de su labor.
La medida, aprobada el 6 de agosto, será de aplicación voluntaria y excepcional, y estará dirigida principalmente a procesos relacionados con delincuencia organizada, crimen transnacional, terrorismo u otros casos de alto riesgo, así como en situaciones en las que existan amenazas directas contra los operadores de justicia.
Según el protocolo, el avatar reemplazará únicamente la imagen del juez durante la transmisión de la audiencia. El magistrado continuará conectado en tiempo real, dirigirá personalmente el proceso y ejercerá todas sus funciones con normalidad. Además, las partes conocerán en todo momento la identidad del juez, su cargo y su competencia, garantizando la legalidad y transparencia del procedimiento.
El Consejo de la Judicatura aclaró que esta iniciativa no implica la implementación de «jueces sin rostro», ya que la identidad de los magistrados no será ocultada. El propósito es impedir que sus rasgos faciales sean utilizados para sistemas de reconocimiento automatizado, perfilamiento por parte de organizaciones criminales o la creación de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial.
La decisión se adoptó tras un diagnóstico institucional que evidenció los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales. De acuerdo con la Judicatura, 127 servidores judiciales han reportado amenazas, 23 han sido víctimas de hechos violentos, además de registrarse tres ataques contra infraestructura judicial y 142 falsas alertas de bomba.
El protocolo forma parte de un plan integral de seguridad que incluye la coordinación con el ECU 911, la posibilidad de implementar teletrabajo en situaciones de riesgo y otras medidas destinadas a proteger a jueces y funcionarios que intervienen en procesos sensibles.
